En la actualidad la alogenosis iatrogénica es una condición reconocida en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, en donde es clara la ausencia de control.⁶

La administración de sustancias no reguladas con fines estéticos constituye un problema emergente que desafía el manejo correcto de sus complicaciones. Productos como aceites minerales, hidrocarburos, silicona industrial, llevan a consecuencias en el organismo, tanto locales como sistémicas.⁷ Esto es un fenómeno de implicación mundial que involucra a la población de Argentina, Australia, Brasil, China, Colombia, Cuba, Egipto, Indonesia, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Países Bajos, Perú, Ucrania, Uruguay, Venezuela, por mencionar algunos.

Martínez et al,⁸ en 2017, informaron que Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia y México habían alcanzado proporciones epidémicas debido a la ausencia de regulaciones. Según la encuesta realizada por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética durante el 2019, los tratamientos inyectables representaron 76 % de los procedimientos no quirúrgicos.⁹ Ripalda et al¹⁰ refieren que existe una mayor tendencia a usar materiales no aprobados en Latinoamérica en comparación con Europa, donde 70 % son colocados por cosmetólogos. Coiffman,¹¹ en 2008, alerta que, en valores conservadores, cerca de un millón de personas, en su mayoría mujeres, habían sido víctimas en Iberoamérica de esta enfermedad.

Dado el incremento de personas afectadas por este padecimiento y la gravedad de las complicaciones que coloca en riesgo la vida de los pacientes, la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el 5 de septiembre de 2014 aprobó en La Habana, Cuba, la Ley Marco mediante la cual se regula, controla y fiscaliza la aplicación de sustancias de rellenos en tratamientos con fines estéticos en América Latina y el Caribe; sin embargo, a pesar de esta normatividad, los casos van cada vez más en ascenso. Esta reunión tuvo la participación de Argentina, Aruba, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En el artículo 15 de este parlamento se incita a preparar campañas de difusión comunicacional sobre los riesgos de los tratamientos estéticos con sustancias de rellenos en colegios, universidades, lugares públicos y en medios de comunicación masivos, en pro de proteger la salud de los ciudadanos (fig.).¹²

A pesar de todas estas medidas preventivas, diez años después de esta reunión, la situación está peor, lo que puede deberse a que en un inicio hubo flexibilidad por el surgimiento de sustancias de relleno aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, pero se ha prostituido el relleno corporal y facial a biopolímeros y sustancias sintéticas que deben ser prohibidas.¹³

Culshaw et al¹⁴ refieren un incremento de las cirugías plásticas en Venezuela, a la par de los procedimientos clandestinos, con el fin de mejorar la apariencia física; negocio que, según describen los autores, es muy lucrativo y avanza a pesar de las constantes campañas de prevención. Registran un aproximado de 300 000 pacientes afectados por la aplicación de siliconas de uso en ordenadores y baterías de cocina. Por este motivo, en el año 2012 el Gobierno venezolano publicó la Resolución No. 40065 que prohíbe el uso de sustancias de relleno con fines estéticos, tales como biopolímeros, polímeros y afines; sin embargo, han crecido los negocios ilegales como los centros de estética y salones.¹⁵

En Colombia, de acuerdo con los documentos consultados, no existen cifras oficiales que cuantifiquen el desarrollo de esta enfermedad, solo algunos estudios que aportan datos comprobados, con el fin de sensibilizar sobre las graves complicaciones de la alogenosis iatrogénica. Coiffman,¹¹ en 2008, presentó los resultados de un estudio de 10 años en una muestra de 342 pacientes, mientras que Castro et al¹⁶ notificaron 1322 casos y Ricaurte et al,¹⁷ por otro lado, evaluaron a 12 pacientes. Esto demuestra que, a pesar de ser una enfermedad que va en ascenso exponencial y se ha convertido en un problema de salud pública, la evidencia sobre el tema es escasa. Como lo refieren García et al,¹⁸ existe como agravante la falta de estadísticas oficiales con el número de cirugías estéticas realizadas, el total de demandas por año y el número exacto de muertes por esta causa, todo lo que puede estar dado por una falta de judicialización a las personas que aplican de manera ilegal y en lugares no certificados estas sustancias; sin embargo, en el 2023 el Gobierno colombiano aprobó la Ley 2316 que regula y sanciona el uso de biopolímeros y establece medidas a favor de los ciudadanos.¹⁹

Los pocos estudios a los que se ha podido acceder en Ecuador señalan a la población transexual. Ripalda et al¹⁰ publicaron un estudio transversal no experimental en 22 transexuales, donde 91 % desconocían o conocían muy poco de la enfermedad. En este país, aún no se registra una ley específica que prohíba la aplicación de estas sustancias, todavía se encuentra como un proyecto de ley sobre el uso indebido de biopolímeros según lo comunicado por la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica en el 2018.²⁰

De acuerdo con el informe del año 2018 en Bolivia, durante los últimos diez años se produjeron alrededor de 358 casos de alogenosis iatrogénica por cada mil usuarios, de los cuales 97 % correspondían a mujeres; cifra que hasta la actualidad ha ido incrementándose debido a la negligencia de las personas que inyectan estos productos y la poca información de las víctimas,¹⁰ a pesar de que en el 2014 la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el envío de una minuta al Ministerio de Salud para que mediante una resolución prohíba el ingreso, la comercialización y el uso de biopolímeros como rellenos estéticos; ley que, hasta donde investigaron los autores de este artículo, no ha sido establecida.

No existen estadísticas alusivas a la prevalencia de esta enfermedad en Perú, ni a su incidencia, complicaciones o secuelas. Lazarte et al²¹ registran su estudio en 34 pacientes que consultaron por secuelas derivadas de la infiltración de sustancias de relleno aplicadas en 97% por una cosmiatra, lo que ratifica el gran intrusismo que existe en todos los procedimientos referentes a la especialidad. Como medida de prevención y alerta para impedir el incremento de estos pacientes, en marzo del 2020 se estipuló la Ley No. 31014 que regula el uso de sustancias modelantes en tratamientos corporales con fines estéticos y define dicho procedimiento un como acto médico, con el fin de proteger la vida e integridad física y psicológica de los ciudadanos que los buscan.²²

México es otro de los países afectados por esta enfermedad y, según Corrales et al,³ actualmente es uno de los que más publica sobre sus complicaciones. En el Hospital General, uno de los más grandes centros de referencia en el tratamiento de pacientes con alogenosis iatrogénica de esa nación, fueron registrados 177 afectados en un lapso de cuatro años.²³ Martínez et al⁶ afirman que cada vez se detectan más casos porque continúa el uso clandestino de la sustancia y las complicaciones se manifiestan años después de su aplicación. La regulación legal la decretaron en el 2022, en el Diario Oficial de la Federación, en los artículos 81, 83, 271 y 272 de la Ley General de Salud, los cuales prohíben el uso de estas sustancias.²⁴

A pesar de la marcada evidencia sobre los malos resultados y riesgos al administrar estas sustancias, continúan siendo aplicadas por personas no calificadas. La vanidad se ha adueñado de peluqueros, masajistas, esteticistas y hasta médicos y cirujanos, que se aprovechan para inyectarlas con fines lucrativos. En Chile, de acuerdo con la información recopilada por los autores de este artículo, no existen publicaciones científicas acerca de la incidencia de esta entidad clínica, solo se halló un artículo publicado en el 2005 -no por cirujanos plásticos- referente a una paciente con siliconomas por la inyección en los glúteos; sin embargo, aún no se ha legislado el uso de biopolímeros.²⁵

Cada día se conocen más los peligros de la inyección de sustancias modelantes, este sigue siendo un procedimiento muy frecuente que genera complicaciones graves y pone en riesgo la vida de los pacientes, quienes la mayoría de las veces desconocen la sustancia y la forma de prevención que se han utilizado. Son muchos los países latinoamericanos que aún no han regulado la prohibición de esta práctica, pero cada día son más las campañas para prevenirla, aunque a la par aumenta también la incidencia de la enfermedad, pues, a pesar de que muchos especialistas la limitan en este sector sanitario mediante el incremento de procedimientos estéticos, los casos graves pueden llegar a ser más comunes y la presencia de afectación sistémica y migración del producto serían más probables.

En Cuba también existe este fenómeno mundial. En tal sentido, los marcos legales en materia sanitaria deben garantizar transformaciones periódicas atendiendo, entre otros elementos, a los determinantes sociales de la salud, los cambios demográficos y económicos que ocurren en las sociedades; deben permitir la validación periódica de experiencias satisfactorias nacionales y foráneas, y además que en sus postulados se establezca la responsabilidad de las instituciones, en general, y de las personas con la salud individual y colectiva, para lograr sistemas de salud más integrales y efectivos que contribuyan a una mayor esperanza de vida al nacer, a la apropiación de estilos de vida saludables, una mayor calidad de vida y de inserción social de las personas, el retraso en la aparición de enfermedades no transmisibles y la elevación de acciones de control sanitario.

En una valoración preliminar sobre la obtención de marcos legales nacionales efectivos en materia sanitaria, se consideró que estos deben ser concebidos como “ensambles” legislativos generales y ramales, teniendo en cuenta que una sola regulación, en un área específica, no permite la organización y el control seguro de los múltiples procesos que intervienen en la consecución del bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades en las personas y la sociedad en su conjunto.

El ensamble legislativo debe disponer sobre los tratados internacionales suscritos por los estados, que permitan su implementación en el ordenamiento jurídico nacional, la adopción de constituciones nacionales que reconozcan de forma expresa el respeto a los derechos humanos, específicamente los referidos a la dignidad humana, el derecho a la vida, la salud, la paz, la justicia, la libertad y la igualdad de todas las personas ante la ley y la sociedad, a poseer la misma protección por parte de las autoridades, sin ningún tipo de discriminación, y a establecer la responsabilidad del Estado de garantizar la prestación de servicios de salud gratuitos, accesibles y con calidad

Asimismo, es de vital importancia que se reconozcan de forma expresa las funciones gubernamentales, locales y nacionales, multidisciplinarias, que de manera interrelacionada e intersectorial contribuyan al control social y administrativo sobre la salud humana, desde la habilitación para el ejercicio de la profesión hasta las regulaciones que aseguren la utilización segura de productos, equipos y dispositivos médicos, ya sea en el ámbito sanitario o en otros que pretendan brindar servicios vinculados a la salud humana; de igual modo, el ensamble legislativo efectivo nacional debe contener los mecanismos que permitan el estudio y la adopción de políticas públicas para la actualización permanente de los procesos asistenciales y las herramientas para su control.

Resulta de especial significación el trabajo de los órganos parlamentarios con cronogramas legislativos enfocados en los cuidados a la salud, que permiten adoptar postulados de rango superior, lo que obliga a su cumplimiento en toda la sociedad y en los diferentes sectores con funciones en el control sanitario.

Igualmente, los estados deberían contar con leyes de salud y presupuestarias que planifiquen y garanticen las prioridades de seguridad e inocuidad alimentaria, los controles transfronterizos de cualquier producto que pueda tener impactos en la salud de las personas, así como el establecimiento de autoridades reguladoras en materia sanitaria.

Los autores del presente estudio consideran estratégico que los estados, en sus marcos legales en materia sanitaria, establezcan la rectoría y gobernanza de los ministerios de salud y su función asesora para el resto de las instituciones, los sectores y los gobiernos, además del acceso y la gratuidad a los servicios de atención, los derechos de los usuarios, los deberes y las obligaciones de los estados y gobiernos, los estándares de calidad y mecanismos de control técnico, planificación, distribución y formación de los recursos humanos propios; los grupos asesores de especialización encargados de estudiar y proponer estrategias y programas sanitarios nacionales y locales, así como la actualización periódica de las guías de buenas prácticas clínicas que utilizan los servicios en su labor cotidiana.